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Obligados a vivir

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El legislador no puede seguir ignorando la mayoría favorable a regular la eutanasia

La muerte del tetrapléjico francés Vincent Lambert ha puesto fin a una larga y dura batalla judicial que ha enfrentado a los miembros de su familia y le ha mantenido con vida durante años, tras sufrir un grave accidente en 2008, pese a que su caso reunía los requisitos legales para desconectar los soportes mecánicos que le mantenían en un estado vegetativo sin esperanza de recuperación. El caso se ha convertido en un símbolo dramático de la falta de regulación del derecho a morir. La vida de Lambert se apagó finalmente seis años después de que fuera desconectado por primera vez. La oposición de los padres, miembros de una corriente muy tradicionalista de la Iglesia católica, logró que un tribunal paralizara en dos ocasiones la retirada de los soportes vitales, la última el 20 de mayo. Siempre ha sido por razones formales, pues todos los tribunales, incluido el de Estrasburgo, habían amparado la decisión de su esposa y tutora legal de dejarle morir y no persistir en un obstinamiento terapéutico completamente inútil.

Mientras en Bélgica, Holanda y Suiza se aplica con normalidad y sin que se hayan detectado abusos las leyes que regulan la eutanasia o el suicidio asistido, en los países donde se siguen penalizando se suceden los casos de enfermos condenados a seguir viviendo entre grandes sufrimientos. Cada vez es más frecuente que enfermos todavía válidos, pero aquejados de una enfermedad neurodegenerativa irreversible, se suiciden cuando todavía querrían vivir por miedo a no poderlo hacer más tarde, cuando pierdan la capacidad de valerse por sí mismos. Cada día emerge con más fuerza una realidad que requiere de una legislación que reconozca el derecho a morir y a recibir ayuda médica para hacerlo.

El pasado viernes se entregó en el Congreso de los Diputados un millón de firmas recogidas mediante tres iniciativas ciudadanas para pedir que se aborde de una vez la despenalización de la eutanasia. Los promotores piden también que la Fiscalía no presente cargos contra Ángel Hernández por haber facilitado a su esposa, María José Carrasco, con una esclerosis múltiple muy avanzada, el cóctel de fármacos que acabó con su vida. Pese a que acreditó en un vídeo la petición de su esposa, Hernández está imputado en un juzgado de violencia de género.

Cada día resulta más urgente que el legislador afronte una realidad desatendida por la presión de una minoría que pretende imponer al conjunto de la sociedad sus creencias religiosas. Hace ya años que las encuestas muestran una amplia y persistente mayoría social, transversal a todas las ideologías, favorable a la despenalización de la eutanasia en determinados supuestos. La última, realizada en el País Vasco, indica que el 86% de los ciudadanos está a favor de regular el derecho a morir.

El PSOE presentó en 2018 una proposición de ley que decayó con la convocatoria de elecciones después de que Ciudadanos bloqueara su tramitación en la Mesa del Congreso. Casos como el de María José Carrasco, Vincent Lambert o el de Antoni Monguilod, que sufre Parkinson avanzado y pide morir para “dejar de padecer y hacer padecer”, son solo la parte visible de una situación que obliga a muchos enfermos a vivir contra su voluntad. Los representantes de los ciudadanos no pueden seguir ignorando una demanda social tan extensa y compartida. La Constitución defiende el derecho a la vida, pero no obliga a vivirla con sufrimiento y desesperanza.

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