Opinión

Fuego y autocracia en la Chiquitanía

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El voto en Bolivia aún puede frenar el rumbo gubernamental hacia un absolutismo que envenena la cohabitación de justicia social y democracia

Evo Morales aspira el día 20 a la cuarta presidencia después de haber protagonizado una involución autoritaria que quebró la democracia boliviana al desconocer el referéndum que le negó la reelección indefinida, y agravó la catástrofe de la Chiquitanía, donde ardieron cerca de dos millones de hectáreas de bosque permanente, temerariamente reconvertido por el gobierno en suelo de producción agropecuaria con la Ley 741, de 2015, y el decreto de julio pasado.

Las alarmas sobre quemas y asentamientos indiscriminados fueron desoídas y sobrevino la catástrofe: 25.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Israel, 40 millones de árboles y más de 1.000 especies de animales, patrimonio del planeta, fueron pasto de las llamas y de la irresponsabilidad gubernamental de expandir la frontera agrícola para multiplicar los monocultivos de exportación y compensar la caída de ingresos derivada del abaratamiento de las ventas de hidrocarburos y minerales en 2013. Empresarios, corporaciones y cocaleros afines obtuvieron contratos sin consulta previa con las comunidades de la región devastada.

Los incendios de Brasil y las dolosas mamarrachadas de Bolsonaro indignaron al mundo, que apenas advirtió las llamaradas de la vecina Chiquitanía, víctima de la obsesión de Morales por el poder y el PIB. Más allá de los reacomodos y conflictos propios de un cambio de gobierno e ideología, sus dos primeras mandatos no fueron objetados porque aprovechó la legitimidad y las ganancias gasíferas para nuevas prioridades, entre ellas las transferencias directas a los compatriotas más pobres: un asistencialismo justiciero, rentable electoralmente.

La proclividad del mandatario al personalismo autoritario era visible desde la investidura de 2006, pero el tránsito hacia un régimen autocrático, hacia el control de todos los poderes del Estado, fue manifiesto al ignorar el referéndum de 2016, convocado por él mismo para perpetuarse. Al igual que Costa Rica, Honduras y Nicaragua, el Movimiento al Socialismo de Bolivia se amparó en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos para eludir su resultado, sin que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA saliera al paso para explicar que el artículo invocado está concebido para amparar a los ciudadanos contra las tentaciones totalitarias, no para darles cobertura.

Evo Morales acude a las urnas con estabilidad macroeconómica y sin contrapesos institucionales fiables. Probablemente gane a caballo del indigenismo irredento, más atento a los usos y costumbre del estómago que a los preceptos de la democracia. Pudiera ocurrir también que la soberanía popular movilizada contra el apresamiento de la banda presidencial hace tres años se constituya en masa crítica de las pulsiones autoritarias, porque tan fundamentales son los derechos a la vivienda y al médico, como irrenunciables aquellos que garantizan la división de poderes y la alternancia en el poder. El voto en Bolivia es libre y movilizador y todavía puede frenar el rumbo gubernamental hacia un absolutismo que envenena la imprescindible cohabitación de justicia social y democracia.

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