Opinión

Error de Borrell

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La falta administrativo-financiera exige explicación, mesura y proporcionalidad

El hoy ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cometió un notorio error —e incurrió en una falta administrativa—, hace tres años, al vender un pequeño paquete de acciones de Abengoa, empresa de la que era consejero.

Esa venta fue polémica. Se produjo poco antes del derrumbe de la cotización de la empresa. Y ha generado ahora, cuando se ha hecho pública la sanción de 30.000 euros dictada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una fuerte reacción política: por el relieve personal de Borrell, por el perfil del ministerio que dirige y porque el caso orilla, como otros anteriores, con la exigencia de ejemplaridad a la que deben sujetarse gobernantes y opositores.

Por estas especiales exigencias, el error debe ser detallado. No basta aducir que el protagonista ha renunciado a recurrir al organismo superior para no entrar en conflicto de interés ya que tendría que dirimir el caso el Gobierno al que pertenece. Si ha habido error hasta llegar a la falta administrativa, se precisa un examen y una crítica —también políticos, no solo personales— que lo subsane.

Es preciso evaluar con rigor las circunstancias del caso. Su cuantía es limitada (vendió 10.000 acciones por 9.030 euros); el paquete no era suyo, sino de su exesposa, aunque él era quien lo gestionaba. Incluso así, parece fuera de duda que Borrell disponía de información privilegiada en el momento de vender, lo que objetivamente puede ser causa de sanción. Pero también parece evidente que al no haber vendido su, mucho más cuantioso, paquete personal de acciones en Abengoa (unos 380.000 euros), no usó directamente para sí tal información.

También en esa tesitura es factible argumentar que la falta por la que se le sanciona entraña una posible quiebra de confianza: pudo haber usado o podría usar esa información relevante en otra ocasión, incluso en asuntos más significativos. Pero el hecho de que no la utilizase simultáneamente con su capital personal deslegitima esa sospecha.

De manera que no parece haber en este caso más que el error detectado y la falta sancionada. Inferir de esa torpeza un grave tráfico de influencias o la predisposición a provocar severos perjuicios a terceros aparece como una presunción de culpabilidad administrativo-política exagerada. Y exenta de la debida proporcionalidad: no conviene matar las moscas a cañonazos. O dicho de otra manera, las sanciones deben ser pertinentes según la gravedad de las conductas que contrarrestan. Resulta difícil mantener un criterio al mismo tiempo riguroso, equilibrado y proporcional en un asunto relacionado con las tan caldeadas exigencias éticas de los actores políticos, ya que en muy poco tiempo hemos pasado oficialmente de la complacencia al calvinismo.

Coincidan o no con estas apreciaciones los rivales de Josep Borrell, algunos de los cuales se han aprestado a exigir una dimisión inmediata, sería útil que se cerciorasen de su propia credibilidad antes de lanzar según qué propuestas. La confusión entre moralizar la vida pública y hacer política con la moral terminará convirtiendo este país en una ciénaga.

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